Reforma energética, por una libre competencia

2013-07-18El Economista

El grado de transformación del sector energético en México es proporcional a la magnitud de los problemas a enfrentar en el largo plazo: una crisis en la producción de petróleo, que obligue a la importación neta; un desabasto en el suministro eléctrico; la subutilización de nuestros recursos naturales, entre otros.

La reforma energética que el gobierno federal ha prometido en el 2013 podría ser la última oportunidad para iniciar el proceso de modernización que permita lograr mayores tasas de crecimiento económico, tomando en consideración: 1. el tiempo de explotación para igualar la tasa de crecimiento de la producción a la demanda y 2. la evolución de la población y la industria, así como de sus necesidades energéticas.

El derecho imprescindible e inalienable del Estado sobre los recursos naturales no está en duda, pero sí se cuestiona –con base en los resultados hasta ahora conseguidos- la prerrogativa del gobierno de explotarlos de forma exclusiva.

Los cambios en la legislación de hidrocarburos históricamente han respondido a la realidad económica vigente. Los valores fundamentales establecidos en la Constitución durante los años 40 no tienen ya cabida en una realidad de mercados globalizados de alta competencia y especialización.

Por tanto, con un objetivo claro -la incidencia en el decremento de los precios de los hidrocarburos, dado el potencial de nuestros recursos naturales- la estructura de libre competencia es el mejor instrumento para alcanzarlo.

El monopolio energético se ha convertido en una carga para los consumidores mexicanos, con una provisión de bienes y servicios ineficiente, de baja calidad y con precios altos, además de una mala administración de los recursos provenientes de la renta petrolera.

La eliminación de la producción exclusiva de los hidrocarburos por parte del Estado (Pemex) implicaría la entrada de otros competidores en la producción y exploración de petróleo y gas, en refinación, así como en la petroquímica básica. El mecanismo natural sería el de concesión, con la permanencia de los requisitos legales para constituirla, con vigencia de largo plazo sujeta a recesión en caso de un uso ineficiente.

Con una estructura bien diseñada, este esquema alinearía los incentivos de explotación-producción-riesgo sin distorsionar los precios de mercado. En un ambiente de competencia, se buscaría la mejor estructura de costos para producir, lo cual se reflejaría, a la par de un aumento en la producción, en una reducción en los precios finales, a diferencia del monopolio actual, en el que las dificultades de producir se traducen en cargos a los consumidores.

La renta petrolera se concretaría en un pago al Estado por el aprovechamiento de los recursos que originalmente son de la nación.

Pemex fungiría como un participante más del sector, abriendo la posibilidad a contratos de riesgo con base en la compensación con hidrocarburos, pero sin duda con una modificación en su estructura corporativa para liberarla de una carga impositiva que merma los recursos de inversión.

El mejor estímulo para cualquier empresa es la competencia de mercado. Sin embargo, antes de pensar en liberar el sector energético, es preciso considerar un marco regulatorio fuerte, creíble, firme y eficiente, que permita esa libre competencia y evite caer en el extremo de la concentración en manos privadas.

Esta estructura sería la mejor, no sólo bajo nuestras consideraciones, sino en el contexto de la experiencia de otras economías con resultados exitosos, como la de EU. A pesar de que al inicio de esta discusión la balanza ya está inclinada hacia condenar la inversión privada en el sector de hidrocarburos mexicano, nuestra aspiración debe ser siempre hacia lo necesario en lugar de lo posible.

Julio César Martínez Espinosa es analista bursátil senior, Signum Research.