El punto crucial de la reforma energética

2013-08-15El Economista

La iniciativa de reforma energética presentada por el Presidente de la República sufre de exceso de cautela. Si bien el panorama político y social es propicio para tal actitud, esperábamos una propuesta más agresiva, acorde con un plan de desarrollo económico de largo plazo, y no un documento que nos remite a 1938.

La amplitud de la iniciativa no permite concluir con contundencia que el resultado será sustancialmente positivo para la economía de México, aunque sí tiene espacio para la construcción de un sector energético moderno y de libre competencia.

¿Qué minaría el potencial positivo de la reforma energética sobre la economía? Independientemente del debate político, que por sí mismo ya es un gran lastre, consideramos que la definición de los contratos en el segmento de extracción y exploración es el punto crucial.

La propuesta se encarga enfáticamente de cancelar el otorgamiento de concesiones y destaca que se buscarán “contratos eficientes para la industria petrolera para la exploración y extracción”. Esta figura deja abierta la posibilidad para contemplar los dos esquemas de compensación: producción compartida y utilidad compartida.

Mediante los contratos de producción compartida de servicios, la empresa inversionista asume el riesgo de exploración y de inversión. El Estado mantiene la propiedad de las reservas y de la producción, por tanto él paga los costos en especie al inversionista y la porción restante se reparte entre las dos partes de una forma equitativa, que ofrezca una rentabilidad razonable para todos, en consideración de que la nación es la propietaria de los recursos naturales.

En los contratos de utilidad compartida la empresa inversionista comparte el riesgo con el Estado, es decir, en caso de éxito en un pozo se le paga por el proyecto –el monto correspondiente a la compensación por lo costos incurridos. Adicionalmente, el volumen extraído es vendido a precio de mercado por el Estado y las ganancias son repartidas a una proporción pactada, por lo cual el particular no recibe propiamente el petróleo sino recursos financieros.

La diferencia entre ambos es que en el de producción compartida la empresa privada tiene en sus manos la valorización o monetización de su petróleo, en los términos y condiciones de mercado más convenientes, para maximizar sus ganancias. Este factor es crucial en consideración de: (1) un entorno de bajos precios de los hidrocarburos en Norteamérica, y (2) el crecimiento de la oferta de proyectos disponibles para las grandes empresas petroleras con tecnología avanzada.

El esquema funciona bien para yacimientos de bajo riesgo, pero en aguas profundas o inclusive en tierra con geología accidentada, como Chicontepec, los incentivos son bajos.

El Legislativo deberá tener presente estos factores en el debate de las leyes secundarias, ya que de no diseñarse de manera apropiada, los incentivos económicos reflejados podrían no ser suficientes para los inversionistas privados, limitando el impacto de la reforma en el crecimiento y productividad de la economía.

Actualmente, la escasez no es de proyectos sino de talento y tecnología, por lo que el Estado competirá con las empresas petroleras globales, incluyendo Ecopetrol y Petrobras, que cuentan con concesiones e instrumentos más atractivos.

Consideramos que el esquema de concesiones es más transparente y eficiente técnicamente, principalmente porque el Estado no adquiere la obligación contractual de compensar por los costos incurridos, ya que el inversionista facilita todo lo necesario para ejecutar el proyecto.

En este sentido, resulta decepcionante la iniciativa, por reflejar la tibieza del gobierno federal ante el tabú de romper el paradigma mexicano de “santidad” de los hidrocarburos, y no perseguir un esquema a la altura de las necesidades del país.

Julio César Martínez Espinosa es analista bursátil Senior de Signum Research.