Algunas reflexiones sobre ?la reforma fiscal

2013-09-12El Economista

Algunos observadores nos recuerdan que es natural que la IP no apruebe un incremento impositivo y que los impuestos son precisamente eso y hay que pagarlos.

La discusión, por supuesto, abarca temas de equidad que van más allá de los argumentos técnicos. Por ejemplo, el jueves 12, en su artículo “Muchos Méxicos”, José Woldenberg nos describe un país donde impera una enorme desigualdad económica, una verdadera fractura social.

Woldenberg argumenta: “Si no queremos convertir a la sociedad en un mercado, se requieren políticas que pongan en el centro de su atención la construcción de un nosotros inclusivo y una sociedad menos polarizada. No sólo por razones éticas —que a muchos no conmueven—, sino por razones políticas es imprescindible pensar si seremos competentes para construir una convivencia digna de tal nombre”. Las razones éticas naturalmente nos deberían conmover a todos, el problema es que los resultados de la política social están a la vista.

Incluso quienes somos críticos de la reforma fiscal consideramos que es imperativo terminar con la pobreza, pero nos preguntamos por qué en casi 100 años de política social no hemos sido capaces de erradicar este flagelo. La pobreza extrema que aún existe en México simplemente no es explicable con el nivel actual de gasto gubernamental.

Si existen aproximadamente 10 millones de personas en pobreza extrema y con 12,000 pesos anuales por persona pudiéramos garantizar un nivel de vida digno, tomaría aproximadamente 3.9% del gasto programable del gobierno federal terminar con la pobreza extrema con transferencias directas. ¿Por qué no se ha hecho? Las posibles razones son múltiples: van desde la dificultad de localizar y transferir eficientemente los recursos a estos 10 millones de personas, hasta burda corrupción y dispendio. El punto para varios de nosotros es que si terminar con la pobreza extrema fuera prioridad para el gobierno, hace años lo habría podido hacer. Por los resultados sospechamos que ésta no es la verdadera motivación de la reforma que se nos plantea a los ciudadanos.

Nos queda claro que existen programas sociales exitosos y reconocidos a nivel internacional, como Oportunidades, pero existen otros que son abiertamente contraproducentes, por decir lo menos.

También podemos cuestionar con validez si ésta es la reforma más eficiente para lograr una mayor recaudación, si esta mayor recaudación fuera justificable. Probablemente no, porque la respuesta muchas veces no es tan trivial como subir las tasas impositivas para lograr mayores ingresos para el fisco.

¿Qué pasaría si el gobierno estableciera una tasa del ISR de 100%? Muy sencillo, desaparecería toda actividad económica, formal y privada, de la faz del territorio nacional y la recaudación sería prácticamente cero. ¿Si la tasa fuera de 90%? En este caso, habría muy poca actividad económica, y la recaudación sería considerablemente inferior a la actual, que corresponde a una tasa del ISR de 30 por ciento. Estas observaciones corresponden a una herramienta teórica que los economistas conocen como la curva de Laffer, que dibuja una línea cóncava que indica que cuando las tasas impositivas son muy bajas, incrementarlas resulta en una mayor recaudación, pero llega un punto en que subir aun más la tasa del ISR resulta contraproducente, a causa de la reducción natural en la actividad económica que propician los impuestos. Los señores feudales de la edad media, que cobraban un tributo exorbitante, lo sabían y terminaron cambiando su forma de producción —y bajando los impuestos—.

Por otro lado, todos los economistas saben que es preferible gravar el consumo que el ingreso, porque inhibe la producción y la creación de riqueza. Probablemente habría sido mejor establecer un IVA generalizado a una tasa menor a la actual, con un agresivo programa de transferencias directas a las familias más afectadas por este impuesto. A nadie escapa el hecho de que la tasa cero del IVA a alimentos y medicinas beneficia más en términos absolutos a los percentiles más altos de ingreso, lo mismo ocurre con el subsidio a las gasolinas, que es aun menos justificable.

Por estas y otras razones, a muchos analistas nos queda claro que, de aprobarse íntegra esta reforma, desaparecerán miles de empleos en múltiples industrias, lo que derrota parcialmente el propósito de aumentar la recaudación y el empleo formal. Finalmente, a muchos nos llama la atención que la propuesta busca simple y llanamente un mayor ingreso para las arcas públicas sin hablar de los temas fundamentales de eficiencia en el gasto, transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción que resulta tan onerosa para nuestro país.

Héctor O. Romero es director general de Signum Research.