El mayor reto de las leyes secundarias energéticas

2014-01-30El Economista

Las leyes derivadas de los cambios constitucionales en materia energética están por ser conocidas. El objetivo es claro: definir un balance entre el gobierno y las empresas privadas que no sea oneroso para ninguna de las partes, con el fin de lograr una dinámica productiva eficiente en las industrias del sector energético.

Del lado de las empresas, no debe ser percibido que la regulación impone riesgos e incertidumbre adicionales a los ya propios de las actividades de inversión que realizarán. En tanto, el gobierno deberá contar con el instrumental regulatorio suficiente y eficaz para controlar el apropiado pago de recursos, así como asegurar una estructura económica de competencia. Los retos son diversos, aunque destacamos algunos de los más importantes.

Después de varias décadas del monopolio estatal, no se cuenta con la experiencia suficiente para incorporar la técnica en las leyes, inclusive si se recurre a experiencias internacionales exitosas. La falta de conocimiento claro de los recursos y disponibilidades energéticas por falta de inversión -como en el segmento shale- podría imponer la realidad mexicana sobre cualquier otra referencia.

Segundo, la interacción de las instituciones (principalmente las nuevas comisiones independientes de evaluación técnica) no deberá generar fricciones en el esquema regulatorio, que origine costos por ineficiencia y elementos susceptibles de corrupción.

El papel de la inversión del Estado es alto en el corto plazo. No sólo en el ámbito regulatorio, donde es clara la necesidad de su intervención, sino también en el operativo; aproximadamente 70% de los recursos del Programa Nacional de Infraestructura, 2013-2018, (4.1 billones de pesos) será destinado al sector energético.

Este factor es positivo en la medida que cubran los requerimientos de infraestructura mientras las dinámicas productivas del mercado toman forma; sin embargo, una gran dependencia en el mediano y largo plazos recaería en una condición ineficiente, en tanto la iniciativa pública desplace a la privada.

La mayor debilidad la identificamos en la estructura diseñada para Pemex. En sentido positivo, la reforma constitucional cambió su condición de monopolio estatal a empresa productiva del Estado, que podrá competir con otras entidades y permitirá concentrar la administración de los recursos en los segmentos más productivos, de exploración y producción.

Adicionalmente, se eliminó la participación de representantes del sindicato de trabajadores de Pemex en el consejo de administración.

No obstante, el yugo fiscal no se eliminó por completo. Si bien redujo la carga fiscal, el resto de las condiciones de entrada a una nueva realidad en el mercado es potencialmente desventajosa: (1) el margen de discrecionalidad sobre la figura del dividendo podría ser un elemento de extracción en el mediano plazo y (2) el nivel de pasivos laborales es insostenible.

En el diseño de las leyes deberán ser alineados incentivos para no mantener la dinámica de descapitalización de los recursos de inversión, de lo contrario se alcanzaría un sistema donde la participación de mercado de Pemex se reduciría de forma considerable en el tiempo, o bien en uno de corrupción con asignación de proyectos a una entidad sin los recursos suficientes para la inversión.

Parece ineludible que los altos pasivos laborales de Pemex (64% de los activos totales y 13.6% del PIB) tendrán que ser absorbidos por el gobierno federal, abonando presión a las finanzas públicas, con el fin de que sus operaciones puedan ser financieramente viables.

Es importante mantener cautela frente al desarrollo del sector energético en los próximos años, en consideración de que los principales beneficios tardarán varios años en concretarse. Sin embargo, el mayor reto de las leyes secundarias es minimizar el papel del Estado en las actividades operativas de la industria, para: (1) no crear distorsiones en el mercado y (2) no generar gasto que de manera más eficiente podría ejecutarlo el sector privado, con base en una apropiada regulación.

Esto será crucial en consideración del alto apalancamiento a observar en el 2014, con un déficit de 4% del PIB, más los pasivos por pensiones (más de 100% del PIB). Son pocas las posibilidades de lograrlo, dado que uno de los problemas torales no fue eliminado de manera efectiva con la reforma constitucional: la petrolización del presupuesto público.

julio.martinez@signumresearch.com