Competencia en telecomunicaciones indispensable para México

2014-04-10El Economista

En 1990 comenzó el proceso de privatización de Telmex. La motivación principal de este proceso fue una mayor eficiencia y un mayor desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones, sobre todo a la luz del notable atraso tecnológico en cobertura y la ineficiencia burocrática características del monopolio estatal.

La situación mejoró pero no lo suficiente: la forma en que se privatizó Telmex mantuvo en gran medida la estructura monopólica de la industria, y lo peor es que en estos veinte años el avance tecnológico a nivel global ha sido radical.

Esta forma de organización industrial genera costos sociales elevados, como sabe cualquier estudiante de economía. De acuerdo con la OCDE, la carencia de un sector de telecomunicaciones competitivo le genera al país costos equivalentes a 1.8% del PIB, o más de US1,000 dólares anuales por familia. En estos más de veinte años, ninguna autoridad ha logrado restar con acciones del estado la preponderancia del consorcio Telmex-Telcel, sin embargo el cambio puede estar al alcance.

El 11 de junio del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia de telecomunicaciones, que busca instrumentar las medidas necesarias para regular el sector en favor de una mayor competencia. Con este fin se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La capacidad de imponer una regulación asimétrica a los participantes con poder de mercado, o preponderancia, es una de las atribuciones más importantes del regulador; de hecho, una atribución constitucional.

La ley considera necesaria la regulación asimétrica en el sector de telecomunicaciones como la única forma de emparejar el terreno para todos los participantes. Una razón muy poderosa es que, a diferencia de otras industrias, las externalidades positivas en el consumo, o externalidades de red que naturalmente ocurren en la industria de las telecomunicaciones, refuerzan el poder monopólico del operador preponderante; es decir, el poder monopólico se refuerza a sí mismo. Nadie puede cuestionar con base en argumentos lógicos la preponderancia del consorcio Telmex-Telcel bajo ninguna métrica: ingresos, flujo operativo, número de suscriptores, etcétera.

La preponderancia también se puede apreciar a través del diferencial de margen EBITDA del consorcio entre sus operaciones en México y las que mantiene en otros países. Si comparamos el margen EBITDA de las operaciones en México con las de Brasil, un mercado más competitivo, observamos un diferencial de más de 2,000 puntos base: 43.9% en México contra 23.7% en Brasil. Esta diferencia ilustra los costos más elevados que enfrentan el consumidor y las empresas mexicanas en sus servicios de telecomunicaciones, en mercados con niveles de desarrollo económico comparables. Es importante considerar que la condición monopólica afecta en precio y calidad no sólo al consumidor, sino también a los proveedores y empleados del operador dominante.

Desde el punto de vista de la teoría económica, vale la pena recordar cuáles son los principales efectos nocivos del monopolio en el mercado: (1) el participante con poder monopólico establece un precio que maximice sus beneficios siempre en perjuicio del consumidor, porque estos precios lógicamente son más altos que los que resultan en competencia perfecta; (2) esto genera una pérdida en el bienestar social que siempre supera a las ganancias extranormales del participante con poder monopólico y (3) el operador con poder monopólico siempre tratará de elevar las barreras de entrada al mercado, lo que naturalmente desincentiva la inversión tanto del participante con poder monopólico como de los posibles competidores, lo que suma a la industria un atraso tecnológico relativo y una mala calidad en los servicios.

En pleno siglo XXI, la conectividad es crucial para el desarrollo de cualquier economía y una economía abierta. De hecho, una potencia media como México no puede aspirar a un mayor nivel de bienestar general sin un sector de telecomunicaciones competitivo. No podemos pensar en erradicar la pobreza si no incrementamos el acceso a la conectividad a precios accesibles para toda la población y con una calidad de servicio aceptable.

Puesto que el fin último del Estado es maximizar el bienestar de todos, su deber es procurar la competencia en cualquier industria, así como establecer las medidas necesarias que la generen y la mantengan. De aquí la importancia de la reforma en materia de telecomunicaciones y la creación del IFT.

A fin de cuentas, los beneficiarios de una mayor competencia seremos todos los mexicanos, porque accederemos a mejores servicios de conectividad con precios más bajos gracias a que los participantes tendrán mayores incentivos para la inversión. Esto generará un mayor desarrollo de las redes de telecomunicaciones y, como consecuencia de todo ello, una mayor penetración de los servicios de conectividad en la población. La competencia siempre obliga a las empresas a invertir; lo contrario ocurre sin esta noción. La condición competitiva de cualquier mercado siempre trae beneficios para la economía en su conjunto. Sólo un monopolista se atrevería a aseverar lo contrario.